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¿Puede el propietario moroso impugnar los acuerdos adoptados por la Junta?

En una Comunidad de Propietarios, en general los propietarios morosos no pueden impugnar los acuerdos en Junta, salvo cuando se trate de los que inciden precisamente en la forma de reparto de los gastos.

La STS de 22 de octubre de 2013 fija la doctrina jurisprudencial sobre el alcance de la excepción en estos térmimos: «Cuando el art. 18.2 de la Ley de Propiedad Horizontal excepciona de la obligación de estar al corriente en el pago de la totalidad de las deudas vencidas con la comunidad de propietarios o proceder previamente a la consignación judicial de las mismas para la impugnación de los acuerdos de la Junta de propietarios relativos al establecimiento o alteración de las cuotas de participación a que se refiere el art. 9 entre los propietarios, se incluyen en el ámbito de la excepción no solo a los acuerdos que modifiquen la cuota de participación fijada en el título y prevista en el párrafo segundo del art. 5 de la Ley de Propiedad Horizontal sino también los demás acuerdos de la junta que establezcan un sistema de distribución de gastos, bien sea de manera general, bien para algunos gastos en particular, tanto de manera permanente como ocasional. No se incluye en la excepción la impugnación de cualquier acuerdo que afecte al pago que los propietarios deben hacer de su correspondiente participación en los gastos de la comunidad de propietarios, en tanto no se altere el sistema de distribución de gastos que se venía aplicando por la comunidad de propietarios, que puede ser el que correspondía al coeficiente o cuota previsto en el título constitutivo ( art. 5.2 de la Ley de Propiedad Horizontal) o el “especialmente establecido” en un acuerdo anterior de la comunidad de propietarios que no haya sido anulado o suspendido cautelarmente en su eficacia».

Es importante tener en cuenta que en una comunidad, la morosidad que justifica la privación del derecho de voto en Junta es la que exista el día de su celebración, conforme al art. 15.2 LPH, mientras que la que impide la impugnación de los acuerdos adoptador, en la Junta de la comunidad, es la que existe al momento de demandar por el interesado, de manera que quien se ha visto privado de voto debidamente podría impugnar, si pagara o consignara judicialmente antes, lo mismo que puede obstarse la impugnación por no estar al corriente el propietario, aunque hubiera podido votar en Junta (ejemplo de esto SAP Tarragona -1.ª- de 15 de junio de 2004, rec. 493/2003). La condición de propietario al corriente del pago de cuotas de la comunidad es presupuesto de la impugnación, por lo que no decae la legitimación por los débitos impagados a lo largo del proceso (AAP Valencia -6.ª- de 31 de diciembre de 2002, rec. 723/2002). Lo que no cabe es subsanar el incorriente, una vez interpuesta la demanda, sino sólo la acreditación del pago que se hubiera ya producido (AAP Madrid -14.ª- de 27 de diciembre de 2004, rec. 454/2004, y SAP Madrid -10.ª- de 22 de febrero de 2005, rec. 126/2004).

Siempre se puede acudir, pues, a los tribunales para la impugnación de los acuerdos que se refieran a la forma y sistema de participar en los gastos, ya sean ordinarios, extraordinarios o fondo de reserva, a pesar de que no esté abonando el propietario las derramas que se emitan por dichos conceptos.

La Comunidad de propietarios no sólo puede reclamar su crédito para la contribución a los gastos generales por la vía rápida del monitorio del art. 21 LPH, sino que, además, al deudor se le priva de la tutela judicial para otros asuntos comunes, al margen del método de fijación del reparto y cuantificación de cuotas para dicha contribución. Ello puede suponer, acaso, convalidar acuerdos ilegales, si sólo disienten propietarios que no estén al corriente de los pagos comunitarios, y se aproxima a la denegación de tutela judicial por carecer de recursos. Por ello, no son pocas las sentencias de los Juzgados que interpretan con rigor esta privación de legitimación activa, llegando a conclusiones poco aceptables (como que cabe subsanar una consignación judicial para pago insuficiente, o que si no es el propietario moroso antes del acuerdo puede impugnarlo).

En los procesos impugnatorios se agrega con esta regla una problemática al respecto de que la Comunidad manifieste que el demandante se encuentra en mora, y éste sostenga lo contrario. Hay que pensar si se puede dilucidar el asunto de la falta de legitimación activa en la audiencia previa, por aplicación del art. 418 LEC, aunque siendo necesaria cierta prueba, habrá que decidir en la Sentencia definitiva (AAP Madrid -14.ª- de 27 de julio de 2004, rec. 17/2004, y SAP Asturias -7.ª- de 17 de junio de 2003, rec. 9/2003).

Fuente: noticias.juridicas.com